Menores en redes sociales: regulación en Europa

El debate sobre el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales ha cobrado fuerza en todo el mundo. Los efectos que estas plataformas pueden tener sobre la salud mental, la privacidad, la seguridad y el desarrollo de los menores de edad han llevado a gobiernos, organismos internacionales a replantear las reglas del entorno digital. Europa es uno de los continentes que ha abanderado esta conversación, y por eso hoy te contamos algunas de las medidas que se han venido implementando.

Una de las principales se tomó desde la Unión Europea (UE), la cual está integrada por 27 países que comparten políticas y legislación en diversos ámbitos. Desde allí se emprendió un proceso para actualizar las normas que regulan el funcionamiento de internet con objetivo de responder a una realidad completamente distinta a la de hace décadas atrás.

Uno de los pasos más importantes en ese proceso fue la Ley de Servicios Digitales alcanzado en 2022, este documento sirvió como una de las principales bases políticas y jurídicas sobre el tema. Uno de sus principales ejes es dejar en claro que internet debe ser un espacio donde se protejan derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad. Sin embargo, también reconoció que las plataformas digitales debían asumir una mayor responsabilidad frente a los riesgos que enfrentan sus usuarios, especialmente niñas, niños y adolescentes.

La resolución dedica una atención especial a la protección de los menores de edad y advierte que internet puede exponerlos a situaciones de ciberacoso, explotación sexual, pornografía, violencia, discursos de odio, desinformación, manipulación mediante algoritmos e incluso contenidos que promuevan las autolesiones. Ante este panorama, el Parlamento Europeo consideró indispensable que las plataformas actúen con mayor rapidez para retirar contenidos ilícitos relacionados con estos delitos.

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Uno de los aspectos más innovadores del documento fue el análisis sobre el funcionamiento de los algoritmos, en el texto se señaló que muchas plataformas basan su modelo de negocio en mostrar contenidos que generan mayor interacción, aunque estos sean sensacionalistas, conflictivos o polarizantes, por ello se propuso que los sistemas de recomendación fueran mucho más transparentes y que los usuarios tuvieran la posibilidad de conocer cómo funcionan e incluso decidir si desean recibir contenidos personalizados o no.

La protección de los datos personales ocupa también un lugar central en la resolución, por lo que se estableció que únicamente deben recogerse los datos estrictamente necesarios para prestar un servicio. En el caso de niñas, niños y adolescentes, la resolución recomendó estudiar sistemas seguros de verificación de edad que permitieran protegerlos sin convertir ese mecanismo en una herramienta para recopilar información con fines comerciales o para rastrear su actividad en distintas plataformas.

El documento también advierte sobre los riesgos de la publicidad personalizada y de la denominada microsegmentación, una técnica que utiliza grandes cantidades de datos personales para mostrar anuncios adaptados a las características y comportamientos de cada usuario. El Parlamento Europeo alertó de que este tipo de prácticas puede influir especialmente en las chicas y chicos y resultar aún más preocupante cuando se utiliza con fines políticos o para manipular decisiones mediante publicidad dirigida.

En materia de moderación de contenidos la Ley advierte que las herramientas automáticas no son capaces de interpretar adecuadamente el contexto de muchas publicaciones, por esto sostiene que las decisiones de eliminar contenidos deben contar con supervisión humana, mecanismos de apelación y la posibilidad de recurrir ante la justicia, evitando así que los sistemas automatizados terminen limitando injustificadamente la libertad de expresión.

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Otro de las medidas que se propone es que se publiquen informes periódicos sobre sus políticas de moderación de contenidos, expliquen cómo funcionan sus algoritmos, informen cuántos contenidos han sido retirados y por qué motivos, y permitan auditorías independientes que evalúen el impacto de sus sistemas sobre los derechos fundamentales de los usuarios.

Además, el Parlamento Europeo subrayó que la educación digital constituye una herramienta esencial para proteger a los menores de edad y ante esto pidió fortalecer la alfabetización mediática, apoyar a los medios de comunicación independientes y desarrollar campañas de sensibilización que permitan a niños, adolescentes, familias y docentes comprender mejor los riesgos del entorno digital, identificar la desinformación y utilizar internet de forma más segura y responsable.

La Ley de Servicios Digitales actualmente regula el funcionamiento de las grandes plataformas digitales y desde que fue puesta en marcha ha buscado trasladar parte de la responsabilidad de la seguridad digital a las plataformas tecnológicas, entendiendo que la protección de niñas, niños y adolescentes no depende únicamente de las familias o de la supervisión parental, sino también del diseño, las políticas y el funcionamiento de los servicios digitales que utilizan millones de menores todos los días.

¿Qué más se está haciendo en Europa?

Además de la Ley de Servicios Digitales varios gobiernos han comenzado a adoptar medidas más específicas dentro de sus propios territorios con la intención de reforzar la protección de los menores de edad frente a los riesgos de las redes sociales.

Uno de los casos más recientes es el de España, en donde en febrero de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un conjunto de medidas para crear un entorno digital más seguro, entre las que se encuentran prohibir que los menores de 16 años puedan abrir cuentas en redes sociales, obligando a las plataformas a implementar sistemas eficaces de verificación de edad.

Otra de las propuestas es crear un sistema que mida y haga visible cuánto odio y polarización promueve cada plataforma, establecer responsabilidades legales para los directivos de las empresas tecnológicas cuando no retiren contenidos ilícitos o de odio, tipificar como delito la manipulación de algoritmos que amplifiquen contenidos ilegales y reforzar las investigaciones sobre posibles delitos cometidos a través de plataformas como TikTok, Instagram o X.

Por su parte, en abril de 2026, Francia decidió dar un paso importante para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, pues la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para impedir que los menores de 15 años accedan a las redes sociales, adicionalmente se refuerzan las restricciones al uso de teléfonos móviles en las instituciones educativas.

Las autoridades francesas sustentaron la iniciativa en estudios que relacionan el uso intensivo de las redes sociales con problemas de sueño, afectaciones en la salud mental, menor rendimiento escolar, sedentarismo y mayor exposición al ciberacoso y a contenidos perjudiciales. El proyecto, impulsado por el presidente Emmanuel Macron, fue aprobado ampliamente por la Asamblea Nacional y continuó su trámite legislativo en el Senado. Además de limitar el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, la propuesta contempla mecanismos de verificación de edad y busca ajustarse a la normativa de la Unión Europea para facilitar su aplicación una vez entre en vigor.

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Yéndonos hasta otro punto de Europa, en Noruega desde 2024 se viene buscando la aprobación de modificación de la Ley de Datos Personales para elevar de 13 a 15 años la edad mínima en la que se puede autorizar el tratamiento de sus datos por parte de las redes sociales.

La propuesta responde a la preocupación por la exposición temprana de los menores a contenidos perjudiciales y al uso cada vez más frecuente de estas plataformas. De hecho, las autoridades señalaron que, pese a que la edad mínima legal era de 13 años, muchos niños de entre 9 y 11 años ya tenían cuentas activas en redes sociales.Como parte de esta estrategia, Noruega también estudia la creación de un sistema de verificación de edad para las redes sociales y aunque el mecanismo aún está en discusión, las autoridades buscan que sea una herramienta eficaz, accesible y que permita hacer cumplir la nueva regulación.

Adicionalmente, en 2023, el Reino Unido aprobó la Online Safety Act (Ley de Seguridad en Línea), una de las normativas más amplias para regular el entorno digital y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes. La ley obliga a las plataformas, motores de búsqueda y otros servicios en línea a identificar, reducir y gestionar los riesgos asociados a contenidos ilegales o perjudiciales para los menores de edad, además de reforzar los sistemas de verificación de edad y los mecanismos para denunciar y retirar este tipo de contenido.

La supervisión de la norma quedó a cargo de Ofcom, el regulador británico de las comunicaciones, que puede imponer sanciones millonarias a las empresas que no cumplan con estas obligaciones. Entre las medidas exigidas a las plataformas se encuentran impedir que los menores accedan a contenidos inapropiados para su edad, actuar con rapidez frente al acoso y otros contenidos dañinos, ofrecer herramientas claras para que las familias reporten problemas y diseñar servicios que otorguen un nivel de protección mayor a las chicas y chicos.

Ahora bien, esta es una conversación que sigue sobre la mesa, pues son muchos los países y gobiernos que están dando prioridad a este tema en sus agenda, y no es para menos pues el momento actual, con el rápido crecimiento de las redes sociales, y sus cambios constantes, hacen que sea muy importante tomar medidas para que este sea un espacio seguro para las niñas, niños y adolescentes.
De hecho, quieres saber qué opinan ellas y ellos sobre este tema. No te pierdas este capítulo de Mundos Cercanos.