En los últimos días, se registraron en Bogotá distintos casos de inseguridad y entre ellos se destaca un hecho que responde, según las autoridades, a un episodio de intolerancia, que derivó en una situación de violencia en la localidad de Santa Fe. Así como el robo del que fue víctima un joven universitario en TransMilenio, manteniendo en el centro de la conversación los retos sobre la convivencia y la protección de los ciudadanos en el espacio público.
«Estamos enfrentando una guerra contra la delincuencia muy compleja, que no solamente tiene que ver con expresiones naturales de delincuencia que ha vivido Bogotá, sino que tiene elementos que afectan por lo que está pasando en el país, es un reto nacional en seguridad», destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.
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Más operativos, pero menos policías en una ciudad que crece: un desafío en seguridad
Actualmente, la ciudad cuenta con cerca de 206 policías por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más bajas entre las capitales del país, una situación que contrasta con el crecimiento poblacional, según destacó el alcalde Galán.
Mientras hace más de dos décadas Bogotá tenía alrededor de 20.000 uniformados, hoy la cifra ha disminuido a cerca de 16.000, pese a que la ciudad tiene actualmente una población cercana a los ocho millones de habitantes.
Este desbalance entre el aumento de la población, los retos en seguridad y la reducción del pie de fuerza configura un escenario complejo, en el que según explica el mandatario, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana depende en gran medida de decisiones estructurales a nivel nacional y de una apuesta sostenida en el tiempo para robustecer las capacidades de la fuerza pública.
«Hay un estándar de las Naciones Unidas, del número de policías por 100.000 habitantes. La ONU dice: el mínimo es 300 por 100.000 habitantes. Bogotá tiene 206. Esa es la realidad. Estamos muy por debajo de lo que dice el estándar internacional del mínimo que debería tener una ciudad como Bogotá», precisó el alcalde Galán en Hablemos Bogotá.
Fortalecer la capacidad carcelaria y la discusión sobre una reforma al sistema judicial
A este panorama se suma otro elemento clave dentro del análisis de la seguridad en Bogotá, según el mandatario de la capital del país: las fallas estructurales del sistema de justicia y su impacto en la lucha contra la delincuencia.
Más allá de señalar a una institución en particular, se advierte que el problema radica en cómo está funcionando el sistema en su conjunto, especialmente frente a delitos que afectan de manera directa a la ciudadanía, como el hurto y, en particular, el hurto violento.
Según este enfoque, indica el alcalde Galán, una de las principales dificultades es la baja probabilidad de que quienes cometen delitos como el robo de celulares reciban una sanción efectiva, una situación que no solo limita la capacidad de disuasión, sino que, en la práctica, facilita la construcción de trayectorias delictivas.
Es decir, cuando un infractor no enfrenta consecuencias claras tras cometer un delito, puede reincidir y escalar en la gravedad de sus acciones, pasando de hurtos simples a hechos violentos e incluso a crímenes de mayor impacto.
A esto se suma la preocupación por el control de las personas que cumplen medidas como la detención domiciliaria. En Bogotá, miles de ciudadanos se encuentran bajo este tipo de medida, pero los mecanismos de vigilancia han sido cuestionados.
Aunque algunos cuentan con dispositivos electrónicos, se han registrado casos de personas que, pese a estas restricciones, continúan delinquiendo, abriendo un nuevo frente en la discusión sobre la capacidad de supervisión de entidades del sistema penitenciario y la necesidad de revisar los protocolos de seguimiento.
«Bogotá tiene 5.200 personas detenidas con detención domiciliaria, más o menos, de las cuales más de 2.000 están condenadas, 1.300 tienen dispositivo electrónico, pero este año hemos visto por lo menos 12 personas capturadas por la Policía Metropolitana con este dispositivo», destacó el alcalde Galán.
En conjunto, estos elementos refuerzan la necesidad de una discusión de fondo sobre posibles reformas que permitan mejorar la eficacia del sistema de justicia, fortalecer el control institucional y responder de manera más contundente a los desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad.
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El secretario de Seguridad, César Restrepo, se refirió a la desarticulación del sistema. Un ejemplo de ello, según el funcionario, es el caso de un individuo capturado frente a la Registraduría Nacional, quien se encontraba cumpliendo una pena en Acacías, Meta, pero había recibido el beneficio de detención domiciliaria.
Aunque se generaron alertas por el incumplimiento de esta medida, incluso con monitoreo electrónico, el traslado del expediente entre despachos judiciales y la falta de conexión entre ciudades dificultaron una reacción oportuna, según destacó el secretario.
En ese sentido, se plantea que el sistema de lucha contra el crimen en Colombia funciona de manera fragmentada, como piezas que no están conectadas entre sí, sumado a otro factor estructural: el marco normativo vigente, como el Código Penal que, según explican, lleva más de dos décadas sin una actualización profunda que responda a las dinámicas actuales del delito.
Un debate que va más allá de la Policía: justicia, sistema y corresponsabilidad
Desde la administración distrital se reconoce que las críticas de la ciudadanía son legítimas y que existe la necesidad de fortalecer las acciones en materia de seguridad en Bogotá. No obstante, también se insiste en que el debate no puede limitarse únicamente a la capacidad operativa de la Policía, sino que debe ampliarse al funcionamiento integral del sistema de justicia.
Destacaron que la reiteración de un ciclo en el que los delincuentes son capturados y posteriormente quedan en libertad debilita la confianza ciudadana y limita el impacto de las acciones de seguridad, por ello, se plantea la necesidad de impulsar una revisión de procedimientos y una mayor asignación de recursos.
«Estamos dando la discusión, me he reunido con todas las altas cortes, con la Fiscalía, obviamente con la Policía, con el Congreso y vamos a dar la discusión para hacer no solamente una reforma de ley, también una revisión de otros procedimientos y pedir más recursos», comentó el alcalde Galán.
Asimismo, se hizo énfasis en la corresponsabilidad ciudadana, especialmente frente a delitos como el hurto de vehículos y de autopartes. El alcalde argumentó que parte de la cadena delictiva, se sostiene por la demanda de productos de origen ilegal.
En ese contexto, prácticas como adquirir celulares, baterías o repuestos sin verificar su procedencia contribuyen indirectamente a la dinámica criminal, por lo que se insiste en la importancia de generar conciencia y promover comportamientos responsables en los ciudadanos.
