Por medio de un comunicado la Nueva EPS dio a conocer que actualmente es objeto de embargos por más de $2,1 millones de pesos, medidas que fueron interpuestas por cuatro juzgados que «se concentran en prestadores de servicios de salud que, en su mayoría (80%), son de las principales instituciones privadas del país».
De acuerdo con la entidad, esta cifra compromete su operación, afectando a más de 11 millones de afiliados y afirmó que ha realizado distintos llamados para «proteger los recursos que garantizan la prestación de servicios de salud».
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En el mismo documento, refieren que la cifra ya había sido duplicada en noviembre de 2025, cuando pasó de $422.000 a $887.000 millones, ascendiendo a $2.1 billones de pesos que “comprometen directamente la operación de la EPS”.
Embargo a la Nueva EPS: ¿qué dice el Ministerio de Salud?
En medio del Consejo de Ministros, el director de la cartera de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a las decisiones judiciales que tienen bloqueados más de $2 billones de pesos de la Nueva EPS, una orden que afecta el flujo de recursos del sistema de salud, pese a que la ley prohíbe el embargo de dineros destinados a la atención en salud.
«No puede estar pasando que ahora tengamos cerca de más de $2 billones de pesos retenidos por jueces corruptos de la Nación y nadie haga absolutamente nada, y tengan bloqueada a la Nueva EPS», dijo el ministro durante el consejo.
Por su parte, la Nueva EPS se apoyó en la misma ley que hace inembargables los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (PUC), según lo que dicta el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, cuestionando que “aun así, existen juzgados que omiten la normativa”.
Además el ministro añadió que en la mañana del 19 de enero se habría acordado el pago de $60 mil millones de pesos a Colsubsidio para garantizar el suministro de medicamentos, sin embargo, el dinero fue embargado antes de concretarse la transferencia.
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“Teníamos 60 mil millones de pesos para pagarle hoy a Colsubsidio, llegamos a un acuerdo con ellos, con la doctora Múnera y con el doctor Félix Martínez de la ADRES, y embargaron los $60 mil millones que le ibamos a entregar a Colsubsidio para que comenzara a aportarle a los medicamentos y nadie hace nada, ni la Procuraduría”, expuso el ministro Jaramillo.
Pese a que los jueces argumentan que se trata de utilidades o gastos administrativos, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó esta tesis, defendiendo que no hay utilidades y que son gastos administrativos que tienen que ver con la entrega de medicamentos a los pacientes, haciendo énfasis en que “estamos frente a una ruptura real del derecho a la vida”.