Remoción de estatuas de héroes confederados aumenta tensión racial en EE. UU.

Las autoridades del estado de Maryland retiraron el viernes una estatua de un juez del siglo XIX que redactó un fallo a favor de la esclavitud, en el más reciente ejemplo de las medidas que se están tomando en Estados Unidos contra símbolos que han suscitado protestas con una carga racial. En tanto, la madre de la mujer que el sábado murió arrollada por un auto durante una contramanifestación contra el nacionalismo blanco en Charlottesville dijo que, tras escuchar recientemente comentarios de Donald Trump, no tiene deseos de hablar con el Presidente. En la que se ha convertido en la principal crisis para la actual presidencia, Trump ha sido blanco de fuertes críticas, incluso de sus compañeros republicanos, por culpar de la violencia en Charlottesville no sólo a los nacionalistas blancos que organizaron la manifestación, sino también a los activistas contra el racismo que se les opusieron. Un equipo que usó grúas removió la estatua del juez Roger Taney en Annapolis, la capital de Maryland, que estaba fuera de la asamblea estatal, según reportes de prensa y publicaciones en redes sociales. Quienes se oponen a los monumentos confederados, el bando que defendió la esclavitud en la guerra civil del siglo XIX, los consideran un símbolo del racismo, mientras que quienes los defienden argumentan que recuerdan la historia del país. Algunos de ellos son puntos de encuentro de nacionalistas blancos. Trump condenó el jueves la eliminación de los monumentos confederados, provocando reproches de sus propios compañeros republicanos en una controversia que ha inflamado las tensiones raciales en todo el país. Los esfuerzos para eliminar muchas de las estatuas en Estados Unidos han aumentado desde la violenta manifestación nacionalista en Charlottesville, que fue convocada para protestar por los planes para remover un monumento confederado. Hay más de 1.500 símbolos confederados en lugares públicos de Estados Unidos, 700 de ellos monumentos o estatuas, según el Centro Legal para la Pobreza Sureña, que monitoriza a grupos extremistas. Más de media docena de ellos han sido removidos desde el sábado.