Fiscalización de cementerios distritales en Bogotá: presuntas irregularidades sobre contratos públicos
La Contraloría de Bogotá ha intensificado sus visitas a los cementerios distritales para investigar irregularidades en su funcionamiento, destacando la supervisión de contratos relacionados con estos servicios. Este esfuerzo busca establecer si las operaciones cumplen con los estándares de calidad y eficiencia, además de los procesos administrativos de recursos públicos que han afectado la prestación de servicios.
En el marco de estas investigaciones, la Contraloría ha puesto especial énfasis en revisar el contrato firmado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) con los cementerios públicos operados por la empresa Jardines Luz y Paz. Según la entidad, se habrían detectado posibles falencias en la ejecución de estos acuerdos, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el manejo de los recursos y la calidad de los servicios ofrecidos.
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Cabe resaltar que el acuerdo firmado con Jardines Luz y Paz, que tiene una vigencia de cinco años y concluirá el 30 de junio de 2026, se enfoca en la gestión y mantenimiento de los cementerios ubicados en el norte, sur y centro de la ciudad, así como en el parque Serafín, con un valor que supera los 41.000 millones de pesos.
“Todos los dineros que se han venido recaudando producto del desarrollo del objeto contractual, se han venido invirtiendo y se tiene todo el soporte financiero y contable, el cual se ha venido escalando a la Unidad Administrativa, a través de informes que se han solicitado mes a mes”, enfatizó Eder Parada, representante de Jardines de Luz y Paz.
Las autoridades han identificado problemas relacionados con la falta de mantenimiento y atención al público, lo que ha llevado a la Contraloría a instar a la administración a implementar medidas correctivas de manera urgente. Este tipo de vigilancia no solo tiene como objetivo detectar fallas, sino también promover una gestión más transparente y responsable en la administración de los cementerios.
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Además de la Contraloría, la Fiscalía también está examinando la gestión financiera del operador encargado de los cementerios públicos a través de un Proceso de Responsabilidad Fiscal que involucra un monto de aproximadamente 3.400 millones de pesos.
El proceso de Fiscalización se inició el 2 de septiembre y continuará hasta el 5 de noviembre abarcando el periodo desde mayo de 2023 hasta agosto de 2024. En medio de estas investigaciones, la UAESP ha asegurado que los servicios no se verán interrumpidos mientras se determina quién será responsable de la administración de los cementerios distritales.
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