Procuraduría investiga irregularidades en contratos de patios y grúas

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en los contratos de patios y grúas en Bogotá, que involucraría a funcionarios de la Secretaría de Movilidad. 

La indagación se centra en un presunto detrimento patrimonial relacionado con el contrato del ente distrital con el concesionario GYP S.A.S., encargado de la gestión de los servicios de inmovilización de vehículos desde 2018.

Según la Procuraduría, solo el 17.7% de los ingresos generados por los cobros de inmovilización de vehículos llegan a las arcas de la ciudad, mientras que el 82.3% se destina a los contratistas. Este contrato ha generado una recaudación de aproximadamente 163 mil millones de pesos entre abril de 2018 y enero de 2024. Sin embargo, la Procuraduría ha señalado una discrepancia significativa: mientras que los ingresos reportados para la Secretaría de Movilidad son de alrededor de 28 mil millones de pesos, el concesionario GYP S.A.S. recibiría presuntamente 134 mil millones de pesos.

Lee también: TransMilenio tiene pérdidas millonarias por vandalismo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se ha pronunciado al respecto, destacando que el contrato en cuestión, adjudicado y firmado en 2018, ha sido objeto de varias investigaciones previas. "Este contrato ha tenido varias investigaciones, y hay una nueva investigación que se está realizando alrededor de este contrato. Nosotros, desde la alcaldía, estamos aportando todos los elementos que recibimos de este contrato en ejecución para que se tomen las determinaciones del caso. Si hay lugar a algún tipo de irregularidad que se demuestre, nosotros estamos acompañando y nos corresponde cumplir el contrato y vigilar que se cumpla en el marco de lo que recibimos en términos contractuales", afirmó el alcalde.

La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción ha ordenado la recolección de pruebas pertinentes para esclarecer las posibles irregularidades en la gestión de estos recursos. La investigación busca determinar si hubo algún tipo de mal manejo o desviación de fondos en el contrato con GYP S.A.S. y asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias.

Te puede interesar: Concejales de Bogotá piden regulación para Uber, Cabify y Didi

Esta investigación resalta la importancia de la transparencia y el control en la gestión de contratos públicos, especialmente en áreas clave como la movilidad y los servicios de tránsito, que podría tener implicaciones significativas para la administración de los recursos públicos en Bogotá.

*Contenido financiado por el Fondo Único de TIC